Discordias universitarias

Matko Koljatic

El rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), profesor Ennio Vivaldi, ha manifiestado -en una carta a un matutino de la capital- su decepción con el proyecto de ley de universides estatales actualmente en trámite legislativo. Tras argumentar las razones de su descontento, hace un llamado “a la unidad de las universidades estatales para lograr cambios al proyecto de ley del gobierno”.

La carta abre una caja de sorpresas en que la primera de ellas es constatar, contrariamente a lo que se pudiera esperar, que los rectores de las Ues estatales están dividos respecto al proyecto. De los trascendidos de las reuniones del CUECH se entiende que el “sistema de gobierno universitario” es la manzana de la discordia.

Una revisión de dichos “sistemas de gobierno” -a partir de los estatutos que rigen a las Ues estatales- nos trae una segunda sorpresa. La gran mayoría de ellas se rigen por normas que siguen un “estatuto tipo” dictado por el régimen militar en 1981 para las universidades estatales. Por dichos estatutos éstas son lideradas por su rector, que tiene atribuciones ejecutivas, cuyas decisiones principales deben ser refrendadas por una junta directiva. En éstas, típicamente hay presencia mayoritaria de miembros externos (nombrados por la Presidenta de la República) y participacion minoritaria de representantes de los académicos. Así mismo, en estas juntas directivas no hay representación de los alumnos ni de los administrativos.

La excepción a lo anterior es la Universidad de Chile, que hace diez años reformó sus estatutos de modo que es gobernada por el rector con el apoyo de un Consejo Universitario y de un Senado Universitario. El rector detenta el poder ejecutivo pero sus decisiones principales deben ser refrendadas por el Consejo Universitario, conformado por el rector, los decanos, más dos representantes de la Presidenta de la República -en que alumnos y administrativos tienen una representación menor y solo con derecho a voz- y por el Senado Universitario. Este último es el órgano colegiado superior de la universidad y tiene como tarea “establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan a su cumplimiento”. Como se puede ver, un rol crucial. Lo interesante es que el Senado Universitario está integrado, además del rector que lo preside, por 36 miembros, de los cuales 27 son académicos, 7 son estudiantes y 2 son representantes del personal de colaboración, es decir, es triestamental, y éste parece ser el meollo del asunto.

La pregunta que surge es ¿por qué las demás universidades estatales se rigen aún hoy por estatutos que tienen su origen en la reforma universitaria de Pinochet?

Es cierto que cambiar los estatutos de una universidad estatal no es fácil, ya que se necesita una ley, pero casi tres décadas para hacerlo parece ser un tiempo más que suficiente para haber tramitado los cambios.

En conversaciones sobre el proyecto de ley con académicos que trabajan en universidades estatales se me ha dado una explicación que me parece plausible. Los rectores se sienten cómodos con el sistema de gobierno que tienen, no quieren el gobierno de los académicos ni menos la triestamentalidad y así se lo han hecho ver al gobierno. Solo así se puede entender que el gobierno haya propuesto una gobernanza para las universidades estatales parecida a la establecida por la reforma del ‘81, en que el cambio es cosmético (la Junta Directiva pasa a llamarse Consejo Superior) y se mantiene la mayoría de miembros externos. La Confech, por su parte, rechaza esta solución y quiere triestamentalidad, más poder para los alumnos. Lo mismo quieren las asociaciones de académicos y funcionarios. En resumen, todos estos grupos de interés están en pugna por tener más poder.

Es de esperar que los parlamentarios recuerden que en esta discusión representan a la ciudadania y busquen lo mejor para las universidades, evitando su captura.